Usualmente los factores sociales y económicos propios de la institución escolar se han tenido muy en cuenta a la hora de determinar factores o predictores del desempeño académico de los estudiantes. Variables como nivel de educación de los padres, capital social, formación de los docentes, gestión administrativa de la escuela o liderazgo del director/a, son aspectos bien conocidos como determinantes del desempeño estudiantil y cómo éstas pueden generar grandes diferencias entre escuelas privadas y públicas en el contexto latinoaméricano, donde estas últimas acogen mayoritariamente a la población escolar más vulnerable.
En este trabajo se intenta proponer, mediante un modelo cuantitativo, un valor índice que dé cuenta de los efectos de factores de un orden superior a los propios de la escuela. A través de la recolección de información contextual de carácter comunal, se intenta identificar aquellas variables (tales como el nivel socioeconómico de la comuna, los niveles de hacinamiento, el acceso a servicios primarios de salud, los aportes financieros para programas de integración dentro de las escuelas o la condición de ruralidad del emplazamiento en donde se ubica el centro educativo) que pueden tener efectos sobre la variable criterio, comprendida como los desempeños a nivel de escuela (y en donde el desempeño es equivalente al rendimiento académico que éstas denotan en las pruebas estandarizadas aplicadas a nivel nacional), llevando a los centros a realizar mayores esfuerzos para alcanzar o nivelar los resultados de aquellas escuelas ubicadas en entornos comunales menos desfavorecidos. En este sentido, se espera que la construcción del índice evidencie que muchos de los programas remediales del ministerio de educación no son la mejor herramienta para responder a una necesidad que en última instancia depende también de factores que van más allá del control de la escuela.
La presente propuesta se origina en la concepción más amplia de justicia social y la educación como un derecho humano, frente al cual ciertos esquemas institucionales no sólo no solucionan la injusticia sino que dilatan las verdaderas acciones que podrían ayudar a reformar el sistema en pos de una mejora de la condición en la que las escuelas deben batallar.
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