Igualdad e inclusión desde la interseccionalidad. Retos para las políticas públicas

Nuestra sociedad está construida sobre en base a desigualdades que obedecen a factores diversos: de clase, de género, de lengua, de origen, de identidades, entre otros. Se trata, en definitiva, de una sociedad desigual donde se conjugan diferencias y discriminaciones, pero donde también se plantea la exigencia democrática contemporánea de trabajar por los derechos humanos teniendo en cuenta la necesidad de hacer realidad el principio de igualdad.

La cuestión de la igualdad como principio básico que ha de regir la organización de nuestras sociedades ha generado numerosos estudios y actuaciones en el marco de las políticas públicas, fragmentándose su alcance y tratamiento en el campo social. Son ejemplos de lo que estamos diciendo las políticas de atención a las desigualdades sociales de la población más vulnerable, o en el campo de la educación las políticas educativas de igualdad de oportunidades para trabajar en distintas brechas de origen social. También la igualdad, obviamente, ha derivado en actuaciones en lo que conocemos como igualdad de género. Y aunque “género” no necesariamente significa referirnos a las relaciones de poder entre hombres y mujeres o únicamente a la categoría mujeres, las denominadas como políticas de igualdad de género de las últimas décadas han puesto el foco principal en las mujeres. No tenemos voluntad de cuestionar aquí este enfoque viviendo en una sociedad patriarcal como en la que nos encontramos, pero, aun así, deberíamos ser conscientes de que se trata de una concepción monolítica de la categoría mujeres (Platero, 2013), y muestra de ello es el actual debate agitado de las mujeres trans como sujeto político.

El principio de igualdad ha sido crucial en la configuración de las sociedades modernas avanzadas, pero sigue planteándose como un reto no logrado en su totalidad en nuestros contextos más próximos. Una muestra de ello, también en el plano semántico, es proponer legislación y actuaciones por una igualdad “efectiva”, como es la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo por la igualdad efectiva de hombres y mujeres. En este sentido nos preguntamos, ¿qué significa ese planteamiento de una igualdad “efectiva”? Esta ley supuso un punto de inflexión que creó un marco normativo en el tratamiento de la igualdad entre hombres y mujeres de modo integral, pero después de más de una década desde su aprobación sigue teniendo objetivos pendientes. Entender la igualdad como “efectiva” o “integral” nos hace pensar en que conseguir la igualdad supone una ambición mayor, tanto en la manera de entender epistemológicamente la igualdad o la desigualdad social, como en los componentes que forjan esa desigualdad y en las normas que establecen derechos y las políticas públicas que contribuyen a materializarlos.

En este punto de discusión es donde recurrimos y nos posicionamos en una perspectiva más amplia de entender la igualdad desde la aportación teórica de la interseccionalidad. Tal y como plantea Patricia Hill Collins, una de las teóricas más reconocidas en esta perspectiva, la interseccionalidad es una herramienta analítica que ofrece a las personas un mejor acceso a la complejidad del mundo y de sí mismas (Hill Collins, 2019).

Esta perspectiva interseccional nos sirve como herramienta analítica para acercarnos, primeramente, a un análisis de la ley valenciana de igualdad de 2003 y, seguidamente, proponer avances en los retos pendientes en el marco de una nueva ley valenciana de igualdad, que ha sido anunciada como proyecto político próximo por el gobierno valenciano.

Aunque conviene apuntar que la ley valenciana de igualdad de 2003 fue una de las primeras leyes que tratan en el Estado español la cuestión de la igualdad, siempre refiriéndose a categorías monolíticas de hombres y mujeres, es una ley circunstancial y que no fue aprobada entonces con un consenso político y social amplio.

En los inicios de la tercera década del milenio donde nos encontramos ahora, entendemos, que la nueva ley valenciana de igualdad, se debería construir desde la mirada interseccional de la desigualdad, tal y como hemos estudiado y propuesto (Tasa y Villar, 2020) para ir avanzando en el objetivo amplio de ser una ley de igualdad interseccional para la inclusión de todas las personas, sin delimitarla a grupos sociales o colectivos concretos.

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