La libertad de expresión en el ámbito penitenciario: "Que la justicia no se detenga a la puerta de las prisiones".

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN EL ÁMBITO PENITENCIARIO: “QUE LA JUSTICIA NO SE DETENGA A LA PUERTA DE LAS PRISIONES”

La doctrina constitucionalista no ha prestado a los derechos fundamentales de los reclusos la atención que  merece, y en particular a la realidad carcelaria, esto es, no sólo a la cárcel legal sino a la cárcel real.  A cubrir dicha laguna dediqué el objeto de mi tesis doctoral y se dirige el presente trabajo, haciendo especial hincapié en el ejercicio del derecho fundamental contemplado en el artículo 20 de nuestra Carta Magna por las personas privadas de libertad en virtud de sentencia condenatoria: la libertad de expresión y de información.

Para llevar a cabo dicha labor, hemos de traer a colación la recientísima Sentencia del Tribunal Constitucional 6/2020, de 27 de enero, en la que alejado de su  tradicional tibieza  en algunas de su  resoluciones  en esta materia, reconoce, de forma contundente y sin ambages, a los presos el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en el ámbito penitenciario, otorgándose así el amparo  solicitado al recurrente (recurso de amparo mixto); al que se había vulnerado aquel derecho fundamental tanto por la Administración Penitenciaria como por la jurisdicción penitenciaria.

Nuestro “Tribunal de Garantías Constitucionales”, en la citada sentencia, en su condición de máximo intérprete de la Constitución española, y en su acepción de garante   de los derechos fundamentales de los ciudadanos(incluidos los reclusos), ha venido a armonizar el mandato resocializador contenido en el artículo 25.2 CE con el más absoluto respeto a los derechos fundamentales de los reclusos, conjugando tales objetivos con la imprescindible necesidad del mantenimiento del buen orden y seguridad de los establecimientos penitenciarios.

De suerte que esta novísima jurisprudencia constitucional, determina con exactitud el contenido esencial (ex -artículo 53.1 C.E) del derecho fundamental a la libertad de expresión e información de los reclusos, habida cuenta de la  ausencia de su concreción constitucional, aunque recurriendo de forma innecesaria a la figura de las relaciones de sujeción especial (importadas paradójicamente  a nuestro país  de la jurisprudencia constitucional alemana  cuando se aportaba de ella por violentar postulados esenciales del Estado de Derecho), toda vez  que han sido objeto de feroces críticas por la doctrina constitucionalista patria, por lo que proponemos su abandono definitivo  por nuestra jurisprudencia constitucional.

Sí es de alabar, por otro lado, que el propio Tribunal Constitucional reafirme que los reclusos gozan de todos los derechos fundamentales reconocidos en el capítulo segundo del Título I de la Constitución, de modo que  la libertad de expresión e información deben ser modulados por la triada constitucional: contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria (STC 11/2006, de 16 de enero, FJ. 2).

En suma, la citada resolución objeto de la exégesis que nos ocupa ha ahondado en el cumplimiento de la finalidad reeducadora o resocializadora a la que sirven, entre otras finalidades como tiene declarado nuestra jurisprudencia constitucional, las penas privativas de libertad en nuestro ordenamiento constitucional, penal y penitenciario.

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