Los ecosistemas son “complejo de organismos junto con los factores físicos
de su medio ambiente” estos ecosistemas arrojan diferentes tipos de servicios
ecosistémicos (también llamados servicios ambientales), los seres humanos
formamos parte de dichos ecosistemas; los afectamos con nuestras actividades
humanas, ya sean de carácter económico, recreativo, industrial, etc.
Una doctrina de pensamiento que ha evolucionado progresivamente en los
últimos años, es la de legitimación por el uso o la área de influencia de los servicios
ecosistémicos, si una persona es usuario de alguno de los diferentes servicios
ecosistémicos que ofrece determinado ecosistema debería ser capaz de tener un
acceso a la impartición de justicia por parte de los tribunales o entidad
gubernamental previamente establecida para este tipo de problemática.
Así pues, atendiendo al Principio de participación Ciudadana, el cual fue
reconocido por la Organización de las Naciones Unidas, dentro del Acuerdo
Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la
Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe y, en su artículo 8.3
se recalcó la obligación del Estado de garantizar el acceso a la justicia en materia
ambiental, a través de “una legitimación activa amplia”, en donde exista una
adecuada tutela a los servicios que prestan los ecosistemas cuando hayan sufrido
alguna afectación.
El objetivo que se busca alcanzar, con la presente propuesta, es hacer una
relación entre los servicios ecosistémicos y los usuarios de estos, y de cómo
acreditar la legitimación activa amplia de un usuario con determinado ecosistema.
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