INTRODUCCIÓN
El Estado debe asegurar y promover la iniciativa de la familia y el ejercicio de sus derechos y deberes, al igual que los de sus integrantes entre los cuales se encuentran las mujeres, existiendo una incidencia clara entre unos y otros desde la óptica de la complementariedad.
Se observa que la Administración pública suele ser la gran realizadora de la política social pero, desde hace algún tiempo, las necesidades cada vez más abundantes y la desproporción de los recursos, en un mundo globalizado a la vez que fragmentado, donde las formas de vida familiar son muy diversas, inducen a cambios sustanciales que ayuden a un replanteamiento de la política familiar, barajando principios de solidaridad e igualdad valorados según el grado de libertad que posibiliten, promoviendo la participación y la vinculación de las familias en los aspectos sociales que les afectan como sujetos de servicios primarios y como sujetos activos y transaccionales (Donati, P., “I diritti-doveri dei mondi vitali: l´Europa delle famiglie”, Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto, n.º 1, 1990, pp. 53 y ss.).
DISCUSIÓN
En la relación Estado-familia existen diversas posturas sobre cuál ha de ser la actuación del Estado como núcleo del debate. Los modelos jurídicos quedan reducidos a la realización de ideologías definidas en conexión con la tradición política de cada zona: a) Modelo social-demócrata; b) modelo corporativista; c) modelo sudeuropeo o católico; y d) modelo británico. Por lo que los tipos regulados se inscriben en los modelos de “mercado liberal”, que solo mantiene el statu quo; “liberal progresista”, que otorga un nivel básico de previsión, sobre todo en el mantenimiento de ingresos; e “institucional de bienestar”, equivalente al sistema federal del gobierno de los Estados Unidos (Botella, J., “La opinión pública ante el “Welfare State” ¿oferta o demanda?”, en S. Giner y S. Sarasa edtrs., Buen gobierno y política social, Barcelona, Ariel, 1997, p. 195). Así las cosas, según sea la política social de la familia que se aplique los derechos de la mujer serán más efectivos y reales o menos.
CONCLUSIÓN
La actuación de las políticas públicas de la familia expuestas deben modernizarse y mejorar constantemente, ya que las demandas son en muchos casos excesivas e imposibles de cubrir; y dada la problemática a la hora de determinar al titular de la acción cooperativa del Estado, la toma de decisiones se hace cada vez más compleja.
Bajo estas directrices, se debe abogar por un nuevo modelo por el que la familia seguiría siendo la destinataria de las ayudas, pero su implicación en el desarrollo del servicio público sería mucho mayor, quedando inserto en una acción diferenciadora y equilibradora de todos los tipos de cooperación concurrentes, con el fin de llegar a obtener un fórmula armonizadora entre los miembros de la familia que no solapen sus derechos en beneficio del hombre y en detrimento de la mujer (Donati, P., “I diritti-doveri dei mondi vitali: l´Europa delle famiglie”, Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto, n.º 1, 1990, pp. 51-81; Eekelaar, J., “Uncovering Social Obligations: Family law and the Responsible Citizen”, en M. Maclean edtr., Making Law for Families, Oxford, The Oñati International Institute for the Sociology of Law/Hart, 2000, pp. 9-28).
Palabras clave
Ponencia Online
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Andrea Osorio Rodríguez
Comentó el 11/12/2020 a las 01:46:24
Buenas noches M. Isabel, junto con saludar y felicitarte por tu clara exposición, quisiera consultar si en tus reflexiones o análisis has estudiado modelos exitosos en torno a la inclusión de la corresponsabilidad familiar-parental en el diseño de sus políticas públicas, que puedan replicarse en países con políticas débiles en esta materia. Ello especialmente cuando las mujeres hoy día -en el contexto COVID- se han visto recargadas de trabajo en el espacio de confinamiento en el hogar.
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M. Isabel Garrido Gómez
Comentó el 12/12/2020 a las 09:56:33
Buenos días Andrea y gracias por tu pregunta.
Te comento que el concepto de políticas sociales de la familia responden a un conjunto de actividades como pueden ser programas, estrategias, procedimientos o normas jurídicas que tienen como objetivo a la familia. Por tanto, se pueden agrupar en lo que yo llamo la política social de la familia en conjunto. Los modelos, básicamente, son los que presento en la ponencia.
Posteriormente a la situación originada por el COVID-19, han aparecido nuevas necesidades generadas que agravan los problemas ya existentes, pero sí puedes ver normas concretas que inciden en este tema. En el caso de España y en concreto en el ámbito laboral, tienes el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19 (Plan MECUIDA), que regula las medidas para favorecer la conciliación laboral (art. 6), y la normativa sobre el teletrabajo.
Además, existe el Plan Corresponsables, y los Presupuesto Generales del Estado contemplan destinar 300 millones de la Seguridad Social a igualar los permisos de paternidad con los de maternidad en 16 semanas en 2021.
Igualmente, se pretende dar respuesta al problema de la feminización tradicional de los cuidados con una cantidad importante en los Presupuestos Generales del Estado para impulsar la creación de plazas públicas en el primer ciclo de la Educación Infantil (0-3) y hacer que crezcan los fondos para la Ley de Dependencia.
A estas medidas se suma la creación de una Ley de Tiempo Corresponsable que se ha anunciado en España, incidiendo en “los contratos a tiempo parcial, la creación de bancos de horas para facilitar las ausencias por motivos de cuidados o el derecho a la desconexión”. Es importante ver que, aparte del ámbito laboral, también hay que trabajar en campos ajenos a él ya que el desempleo se está incrementando.
Muchas gracias.
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