Hacia una nueva realidad en las relaciones jurídicas entre particulares: nuevas tecnologías, prueba electrónica y su repercusión en el Derecho procesal civil español

INTRODUCCIÓN

La humanidad ha avanzado enormemente en los últimos años y, en consecuencia, la aparición de las nuevas tecnologías ha supuesto un indiscutible cambio de tendencia en nuestro modo de relacionarnos, no solo desde un punto de vista personal, sino también jurídico. De este modo, el Derecho se ha visto obligado a adaptarse a esta nueva realidad para dar cobertura jurídica a los sujetos en sus relaciones legales. Destacamos, por ejemplo, la aparición de la banca online, los contratos suscritos con firma electrónica, el e-commerce, los medios de pago electrónicos, etc.; en definitiva, un nuevo tipo de relaciones que se ha incrementado fundamentalmente en la última década.

DISCUSIÓN

Toda esta revolución digital ha supuesto un enorme impacto en el ámbito del Derecho Procesal. Así, hemos asistido en los Tribunales a un cambio de tendencia en la proposición de las pruebas que, ya no solamente se circunscriben a aquellas materiales o documentales en el sentido tradicional del término (esto es, pruebas en soporte físico), sino que nos encontramos ante pruebas electrónicas que, hasta ahora, no habían sido expresamente contempladas en las leyes procesales. Sin embargo, la regulación sobre la prueba electrónica todavía se encuentra en una fase muy primitiva ya que, inevitablemente, la sociedad avanza más ágilmente que las leyes, lo que causa una dicotomía entre realidad social y realidad jurídica. Nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil no contiene una referencia explícita a la prueba electrónica en la enumeración de los medios de prueba tradicionales (art. 299.1 LEC), aunque el apartado segundo de dicho precepto se introduce una novedosa prueba «por medios e instrumentos» lo que supone la construcción de un “primer puente” entre la ley y el contexto social en el que nos encontramos, en la que las tecnologías de la información cada vez adquieren más peso en la práctica probatoria.

OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y CONCLUSIONES.

No obstante, queda mucho camino por recorrer. Estamos ante una regulación procesal tan escasa en este ámbito que muchas veces hemos de acudir a leyes extraprocesales para comprender completamente cómo ha de incorporarse al proceso la prueba electrónica y, lo que es más notorio, cómo una vez incorporada, ha de valorarla el juez. Por otro lado, siguen surgiendo ciertas dudas en la práctica sobre cómo este tipo de pruebas puede superar el “test de admisibilidad” necesario para el despliegue de su eficacia probatoria, de manera que, mientras la Ley no aporte a esta problemática una solución específica, debemos conformarnos con el desarrollo e investigación realizado al respecto por parte de la doctrina y la jurisprudencia.

A través de este trabajo y, acudiendo a los diversos textos jurídicos así como al desarrollo doctrinal y jurisprudencial, se dará respuesta a las siguientes cuestiones: ¿cómo introducir la prueba electrónica en el proceso partiendo del articulado actual de la Ley de Enjuiciamiento Civil?, ¿cómo ha de plantearse esta nueva prueba en la práctica jurídica?, ¿cómo ha de valorarla el juez? y, lo que más nos inquieta, ¿es necesaria una reforma procesal en materia probatoria para adaptarnos a esta nueva realidad?

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